La inauguración del nuevo curso universitario en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha servido para demostrar algunas verdades evidentes, por una parte la miserable, ambigüa y cómplice posición sostenida por las autoridades universitarias que organizaron un inicio de curso inédito en el sentido de permitirle la entrada a políticos corresponsables de los mayores recortes en la historia de la educación pública y que están poniendo a la misma Universidad en peligro, mientras se le negaba el paso, paradójicamente, a los estudiantes, principales protagonistas del proceso educativo, y que mantienen una digna lucha por el derecho a la educación pública y contra los recortes