El Gobierno del Partido Popular salva a los procuradores reforzando sus funciones y abre la puerta a que el cliente pague por agilizar trámites como las notificaciones
Estos profesionales cobrarán entre 40 y 60 euros por notificación
Martes, 10.30. Juzgado número 39 de Madrid, juicio por la rotura de una tubería. Entran en la sala siete profesionales con toga: tres abogados y tres procuradores, además de la juez. Los tres primeros intervienen durante la vista: explican, exponen, preguntan. Los procuradores, simplemente, asisten. En el tramo final de la sesión, uno de los tres se levanta, toga colgando del brazo, y entrega unos documentos a la juez y a una de las partes. Se solicita la interrupción de la vista y los procuradores sacan su agenda para apuntarse el aplazamiento. Se levanta la sesión.
Cualquiera que asista a un juicio de estas características se preguntará qué hacen los procuradores, a qué se dedican, por qué el cliente se ve obligado a pagarles por sus servicios, además de pagar al abogado. Pero lo cierto es que ahí están, desempeñando una función fundamentalmente administrativa entre bambalinas, y en el centro de un debate que desde hace años cuestiona si realmente son necesarios.