Esto
supondrá, de forma directa, la AMORTIZACIÓN de unas
3500 plazas en la
Administración de Justicia, con el despido de miles de trabajadores/as,
y la movilidad geográfica a otros tantos.
De forma
indirecta, supondrá la supresión durante varios años de Oferta de Empleo
Público, algo que ni la
Administración de Justicia, ni este país, con casi seis
millones de parados, se puede permitir. Supondrá además ahondar en las carencias de medios que
padecemos en esta Administración, amén
de la merma del derecho a la promoción interna y carrera profesional de los
funcionarios de Justicia. Por lo tanto, no
sólo afecta al personal de los Registros civiles, a todos los funcionarios de
Justicia, sino a toda la ciudadanía.
Supone
la conversión de un servicio público en un negocio
para los registradores de la propiedad, y un nuevo ataque al bolsillo de los ciudadanos, que van a tener
que afrontar un elevado coste por un servicio que desde 1871 se presta de forma
gratuita. Así, los certificados de
nacimiento, matrimonio y defunción, Fe de Vida, Libros de Familia, etcétera,
pasarán a ser abonados por los usuarios, por medio de unas tasas que podrían
oscilar entre los 10 y 40 euros.
Por ello,
la plataforma sindical luchará y reivindicará que los
Registros Civiles sigan siendo públicos y gratuitos, y servidos por tanto, por empelados públicos. Únete a la lucha..!!!