El pasado día 28 publicamos una nota informativa, en la misma línea que otras publicadas por otros sindicatos en el resto del estado, criticando las propuestas de la Secretaría de Estado de Función Pública que traducen, al ámbito de la función pública y de su régimen de pensiones –clases pasivas-, las medidas acordadas en el pésimo y lamentable acuerdo en materia de pensiones alcanzado hace pocas semanas entre la patronal, el gobierno, CCOO y UGT.
En dias posteriores hemos visto circulares a nivel estatal varias notas informativas firmadas por parte de dichas centrales sindicales respondiendo a las críticas vertidas frente a los mismos, con una respuesta que, lejos de asumir su responsabilidad en una materia tan sensible como la expuesta, no hace más que intentar escabullir el bulto alegando argumentos que en nada alteran lo esencial expuesto por INTERSINDICAL CANARIA.
Así, desde CCOO se habla de una retirada de la propuesta de la Secretaria de Estado de Justicia, como si las medidas anunciadas en dicha propuesta fueran a ser retiradas para siempre. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que se ha diferido, con suspensión de la reunión que se tenía prevista, para próximas fechas la negociación sobre esta materia, lo que no obsta, obviamente, que la misma se lleve a efecto próximamente y que la reforma, lamentablemente para todos, siga adelante.
Por su parte, UGT, refiriéndose e interpretando “a su manera” un apartado de la propuesta de la Secretaria de Estado de Justicia, concluyen que el empeoramiento del sistema de clases pasivas no se va aplicar a los funcionarios de la administración de justicia. Vamos, que todos los funcionarios públicos van a perder la jubilación anticipada y van a retrasar su fecha de jubilación ordinaria menos nosotros que nos vamos a quedar igual. ¿Se pensarán que somos imbéciles?
Hemos visto así como estos sindicatos estatales han saltado, sin argumentos reales de fondo, defendiéndose con fervor y fiereza (ferocidad que podrían haber utilizado para oponerse al penoso acuerdo sobre pensiones que firmaron), pero sin argumentos sustanciales e intentando distraer la atención con cuestiones de puro trámite o interpretaciones exóticas de la propuesta.
Lo esencial en esta materia es que el acuerdo firmado en materia de pensiones entre la patronal, el gobierno y los sindicatos CCOO y UGT es el peor acuerdo en materia de pensiones desde la transición democrática, abre un peligroso camino hacía el progresivo desmantelamiento del estado de bienestar, y deja en una situación muy delicada a los futuros pensionistas que difícilmente van a poder jubilarse con unas retribuciones dignas (baste recordar que actualmente la media estatal por pensión se sitúa en unos 750 euros mensuales), empeorando, así, un panorama de por sí desolador. Esta reforma de las pensiones se aplica en nuestro ámbito directamente a TODOS LOS FUNCIONARIOS INTERINOS y a TODO EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO, por lo tanto, a todos los futuros funcionarios.
Dicha reforma, además, va suponer para el RESTO DEL COLECTIVO la adaptación del régimen de clases pasivas suponiendo la supresión de la jubilación anticipada y el retraso de la edad ordinaria de jubilación.
Esta es la esencia de la cuestión, lo demás son paparruchas.